Ansiedad recaudatoria

AUDIO: Parada de Postas (Onda Cero 9-nov-2018)

Buenas tardes, Arturo,

En estos días, la actualidad judicial marca nuestro comentario. La resolución del Tribunal Supremo ha puesto en primera línea algo más que quien debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos documentados en un contrato hipotecario.

La sentencia mantiene el criterio vigente en los últimos 20 años que sostenía que el sujeto pasivo era el comprador de la vivienda. La apertura de este melón ha dado paso a debates jurídicos y sociales dispares y, en algún caso, disparatados.

Lo cierto es que la aplicación de este impuesto se encuentra más próximo al ánimo y la necesidad recaudatoria que de una cuestión legal. El hecho de gravar la documentación de un acto se acerca más al concepto de tasa que al de impuesto. La diferencia radica en que una tasa se aplica para sufragar los gastos administrativos y, por tanto, es independiente del importe. El impuesto se recauda en función del importe, al margen del coste para la Administración.

A raíz de la sentencia, el Gobierno anuncia próximas modificaciones en el sujeto pasivo y que sean las entidades financieras quienes lo sufraguen. El Ejecutivo olvida que una subida de costes en la prestación de un servicio conllevará un incremento del precio. Tal es así que CaixaBank e Ibercaja ya han decidido repercutir este posible coste en la factura de las nuevas hipotecas, elevando 0,15 puntos los tipos de interés.

No sólo se trata de un ejercicio de defensa del margen de beneficio, sino que los organismos reguladores están muy vigilantes para que las estrategias comerciales de la banca no supongan pérdidas y apremian para que las entidades ganen en rentabilidad.

Estamos, de nuevo, ante el intento de publicitar al contribuyente nominal y olvidar quien es el contribuyente efectivo. A fin de cuentas, se trata de mantener la recaudación.

En este sentido, estamos asistiendo a una vorágine de subidas de impuestos y cotizaciones que impactará en empresas, inversores y particulares, cuyo único objetivo es financiar los gastos de un presupuesto sin tener en cuenta el efecto que tendrá en la incipiente recuperación económica de nuestro país. Hemos de valorar que se trata de trasvasar fondos disponibles para la inversión y el consumo hacia las arcas públicas, donde su repercusión en el desarrollo económico y la creación de empleo es dudosa.

Tras estas decisiones subyace un modelo de economía nacional que, previsiblemente, hará que los inversores nacionales e internacionales se replanteen sus posiciones. Baste como ejemplo la intención de elevar un 12 % las bases máximas de cotización. Esta subida supondrá un incremento de gasto para las empresas españolas de casi 1.700 millones de euros. Es evidente que el aumento de costes de personal afectará negativamente a la posición competitiva de nuestras empresas, ya de por sí bastante comprometida por la competencia internacional.

Arturo, parece que nos encaminamos hacia un horizonte de fuertes nubarrones impositivos, olvidando que la lluvia que descargarán nos dejará a todos empapados.

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